Un grupo de vecinos de Establiments reclama ante un juez daños
morales y perjuicios causados por la actividad desarrolladas por
tres empresas explotadoras de la cantera.
Por ello, asesorados por el abogado Lorenzo Ros, han interpuesto
una demanda civil de juicio ordinario contra esas empresas, a las
que atribuye los perjuicios ocasionados al paisaje, y también por
explosiones y ruido, polvo, tránsito de camiones.
La demanda está fundamentada en «el derecho a la tranquilidad
del domicilio y al respeto a su vida familiar, garantizados en el
artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales, y en los artículos 18.1 y 45.1
de la Constitución Española», según el contenido de la demanda. En
esta última cuestión, los vecinos inciden en que «consagra el
derecho a disponer de un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona, materia sobre la que se ha pronunciado el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y la Audiencia Provincial de
Palma».
Como se sabe, el Ajuntament de Palma ordenó cerrar las canteras
de Establiments a través de un decreto que fue firmado por la
alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer, el pasado 30 de
septiembre y ejecutado por la Policía Local el 8 de octubre.
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