06/12/04 0:00
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La Constitución Española de 1978 cumple hoy su vigesimosexto aniversario, y debemos reconocer que el texto aún hoy vigente ha permitido un notable desarrollo del Estado surgido de la etapa de la Transición tras el final del oscuro régimen dictatorial del general Franco. Es evidente que el marco legal de la Carta Magna ha permitido un largo período de convivencia democrática que ha albergado gobiernos de diferente signo sin que ello haya supuesto ningún problema, debido, sin duda, a la enorme flexibilidad del texto constitucional.

Sin embargo, eso no significa en absoluto que la norma fundamental sea inamovible. El signo de los tiempos ha cambiado lo suficiente como para que se aprecien claros indicios de que algunos puntos pueden ser sometidos a revisión. Desde el asunto de la sucesión en la Corona hasta los cambios dirigidos a otorgar mayores cotas de autogobierno a las autonomías, pasando por los cambios precisos para adecuar el texto nacional a la nueva Carta Magna europea.

Ahora bien, se trata de la legislación fundamental del Estado y, como tal, debe garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por tanto, no sería bueno que se establecieran extrañas diferencias entre unas u otras autonomías, salvo las que sean lógicas y precisas.

Y, tratándose de una norma fundamental, también es de pura lógica pensar que debe hacerse con el mayor acuerdo posible entre todas las fuerzas políticas. De esta forma se garantizaría que la Constitución no se vea sometida a los embates de los cambios en el Gobierno de la nación y, además, que no se den extrañas tensiones que distorsionen y mucho todo el proceso de reforma. La tarea no es fácil, pero tampoco imposible.