La segunda liberalización en los servicios de asistencia en tierra
a pasajeros y aviones en los aeropuertos («handling») de las Islas
y en el resto de la red de AENA, que permitirá la entrada de un
nuevo operador, afectará en Balears a 1.000 trabajadores. Esta
segunda liberalización, según la Federación de Transporte de UGT y
el presidente de la patronal de «handling» Aseata, Salvador
Margalló, «se está planificando con secretismo y va a tener unas
consecuencias muy negativas por la pérdida de empleos y la merma de
la calidad de las condiciones laborales».
Esta cuestión de vital importancia para la operatividad
aeroportuaria se analizó ayer en Palma en el transcurso de la I
Jornada sobre el Transporte Aéreo, a la que asistieron
representantes del sector aeronáutico de todos los aeropuertos del
país.
Para el secretario general de la Federación de Transportes de
UGT de Balears, Pedro Berruezo, «se trata de una cuestión de
difícil resolución que queremos denunciar ahora porque la entrada
del tercer operador en los aeropuertos (actualmente están Iberia e
Ineuropa Handling) va a generar una pérdida de empleo».
El secretario federal del Sector Aéreo de UGT, Francisco
Rodríguez, criticó el «secretismo y la falta de diálogo con la que
está procediendo el Gobierno central. Una situación que se ve
agravada por la indefensión que sufren los trabajadores a raíz de
las sentencias judiciales que permiten a las compañías del sector
no subrogar los contratos de los empleados en los casos de cambio
de concesiones. Es por ello, que las administraciones públicas
deben intervenir para garantizar el mantenimiento de las
condiciones laborales de las personas afectadas por esta
situación».
Los presidentes de las patronales aéreas ACETA y AECA, Juan Losa
y Felipe Navío, respectivamente, discreparon sobre la forma en que
se tiene que liberalizar esta cuestión, primando Losa una actuación
«planificada y reflexionada para que no afecte a los trabajadores»,
mientras que Navío abogó por esta liberalización, así como la de
otros servicios aeroportuarios, «porque ello rebajará los costes de
escalas de los aeropuertos españoles, que son muy elevados con
respecto a las instalaciones del resto del Mediterráneo».
AECA, asimismo, se posicionó por una gestión pública de los
aeropuertos más que por una privatización, «porque ello mejorará la
operatividad y permitirá establecer un control de la gestión cada
cuatro año. Es la fórmula para descentralizar la gestión
aeroportuaria, que está ahora en manos de AENA».
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