Años atrás el descuento aéreo para residentes se incrementó del
25 al 33% y prácticamente nadie se enteró de los trámites
necesarios para conseguirlo. No hubo entonces ninguna guerra
política y ningún ciudadano tuvo que realizar gestión alguna para
beneficiarse de ese aumento del descuento.
Ahora, en cambio, se está produciendo una situación un poco
anómala. El PSOE recogía en su programa electoral que el descuento
se incrementara hasta el 50 por ciento. Una vez que fue investido
José Luis Rodríguez Zapatero, sin que faltaran las primeras
tensiones entra Balears y Madrid, dijo que éste se aplicaría de
forma gradual. Así, en 2005 debía pasar del 33 al 38 por ciento.
Pero, tal vez por inexperiencia, tal vez por bisoñez o por lo que
fuera, el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado no
contemplaban en modo alguno este incremento. El error fue corregido
mediante enmienda en la tramitación en el Senado. Aunque no acaba
aquí el despropósito. La medida debía entrar en vigor el 1 de
enero, cosa que evidentemente no sucedió. Alcanzado el mes de
febrero, el Govern balear ha decidido adelantar el pago del
descuento adicional, con carácter retroactivo, en una maniobra,
evidentemente, política, para sacar provecho del error del PSOE,
pero que beneficia a los ciudadanos, que es, en el fondo, de lo que
se trata.
Ahora bien, la aplicación de la medida a toro pasado resulta
cuando menos difícil y es presumible que no todas las personas que
hayan viajado en avión puedan demostrarlo o aportar los documentos
que se exigen para abonar la diferencia en el descuento.
Todo esto se hubiera evitado si el Gobierno central hubiese
hecho bien las cosas. Lamentablemente, ha sido incapaz de
hacerlo.
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