El juez ordena investigar la pensión que cobra un emigrante que votó en Formentera

La acusación cree que coincide con su inscripción en el censo y la defensa no ve nada anómalo

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La investigación del «caso Formentera», el supuesto delito electoral en las elecciones de 1999, en la ciudad argentina de Santa Fe dio ayer un giro inesperado al ordenar el juez instructor de la causa, Antoni Monserrat, que se investigue la pensión no contributiva que recibe del Gobierno español el emigrante de Balears José Cifre Vives, que ayer declaró como testigo en la tercera jornada de toma de declaraciones por parte de la comisión judicial de las Islas.

Las acusaciones particulares ejercidas por los partidos PSIB-PSOE, EU-Els Verds y el PSM, creen que la percepción de ese subsidio por parte del testigo puede coincidir con su inscripción en el censo electoral de Formentera y que, además, de «alguna forma» intervino el Govern para agilizar ese trámite.

La defensa de los nueve imputados coordinada por el letrado Rafael Perera, en cambio, no observa nada anómalo en esa «pensión graciable» que mensualmente es depositada en la cuenta de Cifre Vives en el Banco Francés de Santa Fe, porque «la reciben miles de ancianos en toda España», dijo.

Sin embargo, y tras dos horas de interrogatorio, el juez Monserrat decidió dirigirse a los funcionarios del Juzgado Federal número 2 de Santa Fe para que procedieran a averiguar con exactitud desde qué fecha el emigrante de Balears percibe ese subsidio.

Cifre Vives, por su parte, rehusó ser fotografiado en la sala donde los testigos citados por la comisión balear esperan su turno, y tampoco quiso responder a las preguntas de los periodistas. No obstante, al juez Monserrat le relató que él mismo hizo los trámites para percibir la pensión no contributiva tras leer un anuncio publicado en el diario local «El Litoral».

Explicó que ese anuncio informaba que los ciudadanos españoles radicados en Santa Fe mayores de edad podían optar a un subsidio, así que realizó todos las gestiones ante el Gobierno español para recibir una ayuda económica muy importante tras los últimos ajustes de la moneda argentina.

En este país, cada euro se paga a cuatro pesos, aproximadamente, y el sueldo medio asciende a unos 250 euros. «Este señor», dijo Rafael Perera, «fue categórico cuando insistió en que recibe la pensión del Gobierno español, y que en ella no han tenido nada que ver el Govern ni la Casa Balear ni la Operación Añoranza (el viaje de los emigrantes a las Islas invitados por el Ejecutivo)».

Las acusaciones, en cambio, representadas por los abogados Ascensión Joaniquet y Miquel Mas opinaron lo contrario: «Todo se empieza a aclarar, y lo más llamativo hasta ahora son la serie de irregularidades e incoherencias registradas que van quedando de manifiesto», dijo Mas.

En la jornada de ayer estaban citados José Cifre Vives, Miguel Escandell Escandell, Juan Alberto Escandell Ferrer, Manuel Jordà Ferrer, María Cristina Martorell Campins y Juan Manuel Meurzet Taura.

Los testigos mantienen sus declaraciones ya realizadas con anterioridad en una comisión rogatoria y siguen sin comprender por qué esta causa continúa dilatándose en el tiempo.

Explican que deben realizar grandes sacrificios para asistir a declarar y que les supone un quebranto en sus respectivas actividades familiares y laborales.

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