La investigación del «caso Formentera», el supuesto delito
electoral en las elecciones de 1999, en la ciudad argentina de
Santa Fe dio ayer un giro inesperado al ordenar el juez instructor
de la causa, Antoni Monserrat, que se investigue la pensión no
contributiva que recibe del Gobierno español el emigrante de
Balears José Cifre Vives, que ayer declaró como testigo en la
tercera jornada de toma de declaraciones por parte de la comisión
judicial de las Islas.
Las acusaciones particulares ejercidas por los partidos
PSIB-PSOE, EU-Els Verds y el PSM, creen que la percepción de ese
subsidio por parte del testigo puede coincidir con su inscripción
en el censo electoral de Formentera y que, además, de «alguna
forma» intervino el Govern para agilizar ese trámite.
La defensa de los nueve imputados coordinada por el letrado
Rafael Perera, en cambio, no observa nada anómalo en esa «pensión
graciable» que mensualmente es depositada en la cuenta de Cifre
Vives en el Banco Francés de Santa Fe, porque «la reciben miles de
ancianos en toda España», dijo.
Sin embargo, y tras dos horas de interrogatorio, el juez
Monserrat decidió dirigirse a los funcionarios del Juzgado Federal
número 2 de Santa Fe para que procedieran a averiguar con exactitud
desde qué fecha el emigrante de Balears percibe ese subsidio.
Cifre Vives, por su parte, rehusó ser fotografiado en la sala
donde los testigos citados por la comisión balear esperan su turno,
y tampoco quiso responder a las preguntas de los periodistas. No
obstante, al juez Monserrat le relató que él mismo hizo los
trámites para percibir la pensión no contributiva tras leer un
anuncio publicado en el diario local «El Litoral».
Explicó que ese anuncio informaba que los ciudadanos españoles
radicados en Santa Fe mayores de edad podían optar a un subsidio,
así que realizó todos las gestiones ante el Gobierno español para
recibir una ayuda económica muy importante tras los últimos ajustes
de la moneda argentina.
En este país, cada euro se paga a cuatro pesos, aproximadamente,
y el sueldo medio asciende a unos 250 euros. «Este señor», dijo
Rafael Perera, «fue categórico cuando insistió en que recibe la
pensión del Gobierno español, y que en ella no han tenido nada que
ver el Govern ni la Casa Balear ni la Operación Añoranza (el viaje
de los emigrantes a las Islas invitados por el Ejecutivo)».
Las acusaciones, en cambio, representadas por los abogados
Ascensión Joaniquet y Miquel Mas opinaron lo contrario: «Todo se
empieza a aclarar, y lo más llamativo hasta ahora son la serie de
irregularidades e incoherencias registradas que van quedando de
manifiesto», dijo Mas.
En la jornada de ayer estaban citados José Cifre Vives, Miguel
Escandell Escandell, Juan Alberto Escandell Ferrer, Manuel Jordà
Ferrer, María Cristina Martorell Campins y Juan Manuel Meurzet
Taura.
Los testigos mantienen sus declaraciones ya realizadas con
anterioridad en una comisión rogatoria y siguen sin comprender por
qué esta causa continúa dilatándose en el tiempo.
Explican que deben realizar grandes sacrificios para asistir a
declarar y que les supone un quebranto en sus respectivas
actividades familiares y laborales.
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