Estaràs propone que el Estatut contemple la «ordenación» de la inmigración en Balears

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MONICA GONZALEZ/EFE
La vicepresidenta del Govern balear y consellera de Relacions Institucionals, Rosa Estaràs, pretende que el Estatut recoja algún artículo que permita «dentro de los límites constitucionales, ordenar la inmigración, para poder ofrecer los servicios que merece».

Para ello solicitó ayer a la secretaria general de la Federació d'Associació d'Inmigrants de Balears (FAIB), Marlén Perea, su opinión sobre de qué manera, aunque la competencia sobre inmigración es del Estado, «la Comunitat podría, a través del Estatut, participar en esta materia».

Esta reunión se enmarcó en la ronda de contactos que está realizando la vicepresidenta con las instituciones de Balears y con los representantes de la sociedad civil para obtener información y aportaciones que puedan ser de utilidad en el debate sobre la reforma del Estatut d'Autonomia.

Estaràs reconoció que «estamos pendientes de lo que realizan Cataluña y Canarias sobre este tema y con todas estas aportaciones podremos llegar a redactar un artículo que nos permita participar más, una vez que el inmigrante está en Balears».

Sobre la posibilidad de abrir oficinas de inmigración en el extranjero, siguiendo el modelo catalán, reconoció haber hablado «con el conseller en cap sobre la forma en van a abordar este tema, pero de momento estamos diseñando la forma de participar».

La FAIB, que representa a dieciocho entidades, no realizó ayer propuestas concretas, salvo la petición de que el Estatut se haga eco de la demanda en favor del derecho a voto de los inmigrantes legalizados no comunitarios, que en la actualidad está constitucionalmente limitada. Perea subrayó que si el Estatut recogiera alguna fórmula en este sentido sería «pionera» y abriría una «vía» para cambiar las leyes que limitan ese derecho.

Tras la reunión con la FAIB, Estaràs mantuvo un encuentro con el decano, Joan Font, y la Junta de Govern del Col.legi d'Advocats de les Illes Balears.

La Junta se reunirá para determinar las propuestas para la reforma del Estatut, que se centrarán, entre otras materias, en el funcionamiento de las instituciones.

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