La Audiencia Provincial de Balears ha dictaminado que 45 alumnos de
la Academia Cambridge no están obligados a pagar los préstamos
suscritos para financiar los cursos de inglés desde que la academia
cerró en febrero de 2003.
Así lo explicó ayer la directora general de Consum de la
Conselleria de Salut i Consum, Manuela Meseguer, acompañada por el
delegado de Ausbanc en Balears, Carlos Hernández, comentando la
sentencia de la Audiencia Provincial de Balears de 3 de febrero de
2005 que confirma en su integridad la sentencia del Juzgado de
Primera Instancia número 15 de Palma de Mallorca del 6 de julio de
2004.
En la sentencia se confirma que la entidad Caja Madrid no puede
exigir a los alumnos de la academia el pago de las cuotas de
financiación del curso que contrataron con la Academia
Cambridge.
Meseguer mostró su satisfacción por el hecho de que la justicia,
en las tres sentencias que se han dictado hasta ahora, «haya
reafirmado los derechos de los consumidores frente a las
pretensiones de las entidades bancarias», puntualizó.
El tribunal ha decidido que Caja Madrid no puede exigir el pago
a partir de febrero de 2003 y que tendrá que devolver las cuotas
que haya cobrado desde la citada fecha.
Aunque los alumnos afectados por el cierre de Cambridge en Palma
son unos 130, esta sentencia afecta sólo a 45 mientras que el
resto, 83, están pendientes todavía de que se resuelva la apelación
que la entidad bancaria Santander Central Hispano interpuso contra
la sentencia de Primera Instancia que también era favorable a los
alumnos.
La cantidad a la que ascendía la suma de todos los préstamos era
de 74.000 euros, lo que supone una media de 1.650 euros por
préstamo y alumno, cantidad que en virtud de dicha sentencia cada
uno de los alumnos beneficiados no tendrá que pagar a la entidad
financiera.
El cierre por sorpresa de la academia se sumó al que, poco
antes, había protagonizado otra academia de inglés, Opening, que
afectó a 75 personas en las Islas. En ambos casos la Direcció
General de Consum decidió hacer aportaciones presupuestarias para
facilitar la asistencia jurídica a los afectados, mediante la
contratación de Ausbanc.
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