La Audiencia da la razón a los alumnos de la Academia Cambridge contra Caja Madrid

Los afectados no tendrán que pagar 1.650 euros por el curso anulado

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Nunca vista

La Audiencia Provincial de Balears ha dictaminado que 45 alumnos de la Academia Cambridge no están obligados a pagar los préstamos suscritos para financiar los cursos de inglés desde que la academia cerró en febrero de 2003.

Así lo explicó ayer la directora general de Consum de la Conselleria de Salut i Consum, Manuela Meseguer, acompañada por el delegado de Ausbanc en Balears, Carlos Hernández, comentando la sentencia de la Audiencia Provincial de Balears de 3 de febrero de 2005 que confirma en su integridad la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Palma de Mallorca del 6 de julio de 2004.

En la sentencia se confirma que la entidad Caja Madrid no puede exigir a los alumnos de la academia el pago de las cuotas de financiación del curso que contrataron con la Academia Cambridge.

Meseguer mostró su satisfacción por el hecho de que la justicia, en las tres sentencias que se han dictado hasta ahora, «haya reafirmado los derechos de los consumidores frente a las pretensiones de las entidades bancarias», puntualizó.

El tribunal ha decidido que Caja Madrid no puede exigir el pago a partir de febrero de 2003 y que tendrá que devolver las cuotas que haya cobrado desde la citada fecha.

Aunque los alumnos afectados por el cierre de Cambridge en Palma son unos 130, esta sentencia afecta sólo a 45 mientras que el resto, 83, están pendientes todavía de que se resuelva la apelación que la entidad bancaria Santander Central Hispano interpuso contra la sentencia de Primera Instancia que también era favorable a los alumnos.

La cantidad a la que ascendía la suma de todos los préstamos era de 74.000 euros, lo que supone una media de 1.650 euros por préstamo y alumno, cantidad que en virtud de dicha sentencia cada uno de los alumnos beneficiados no tendrá que pagar a la entidad financiera.

El cierre por sorpresa de la academia se sumó al que, poco antes, había protagonizado otra academia de inglés, Opening, que afectó a 75 personas en las Islas. En ambos casos la Direcció General de Consum decidió hacer aportaciones presupuestarias para facilitar la asistencia jurídica a los afectados, mediante la contratación de Ausbanc.

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