El Gobierno central no cederá a Balears la titularidad de Cabrera
pese a la transferencia de las competencias de gestión sobre el
parque nacional.
En una reunón técnica mantenida entre representantes del
Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas, el
secretario general estatal para la Biodiversidad y el Territorio,
Antonio Serrano, comunicó que no es intención del Gobierno
traspasar la titularidad de las terrenos públicos integrados en los
parques nacionales.
Si bien la gestión del Parc Nacional de Cabrera ha correspondido
hasta ahora al Ministerio de Medio Ambiente, el propietario del
subarchipiélago desde que fue expropiado por interés estratégico en
1915 es el Ministerio de Defensa. Por tanto, toda Cabrera es
pública.
Balears, al igual que otras comunidades autónomas, reclamará que
la transferencia de gestión se vea acompañada por el traspaso de la
titularidad de Cabrera. No obstante, si así se hiciera,
significaría que el motivo por el que en su momento Cabrera fue
expropiada, un interés estratégico para la defensa nacional,
perdería su vigencia y podría plantearse la reversión a los
herederos de la antigua familia propietaria.
Sin embargo, el secretario general técnico de la Conselleria,
Miquel Ramis d'Ayreflor, explicó que «con la Ley de Expropiación
Forzosa en la mano, Cabrera, pese a perder su interés defensivo,
mantendría una finalidad de utilidad pública, la de su protección,
por lo que no procede una posible desafectación».
La Conselleria también argumentará que, con la desaparición del
antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona),
sus fincas y montes públicos fueron traspasados a la Comunitat
Autònoma, tal es el caso de Binifaldó o es Cairats.
En el caso de las Islas, el Ministerio también pretende
reservarse la gestión del centro de interpretación de ses Salines,
a lo que la Conselleria también se opone porque, según fuentes del
departamento autonómico, «supondría descafeinar la competencia de
gestión».
Igualmente, la Conselleria denuncia que el ministerio también
pretende mantener «una estructura paralela con funcionarios propios
vinculados a Cabrera y crear un registro estatal de subvenciones a
proyectos en zonas limítrofes con parques nacionales».
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