Los promotores acuerdan impugnar el Plan Territorial ante los tribunales

Aseguran que buena parte del documento elaborado por el Consell presenta dudas jurídicas

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La Asociación de Promotores Inmobiliarios decidió ayer impugnar el Plan Territorial de Mallorca mediante la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Los promotores se basan en un informe jurídico que ha hecho la Universidad Complutense de Madrid.

El informe elaborado por la Universidad considera que existen razones de constitucionalidad para promover esta actuación ante los tribunales. La decisión se tomó en el transcurso de la asamblea anual de los promotores, que en esta ocasión se tuvo que adelantar ya que el plazo para la presentación de los posibles recursos finaliza la próxima semana.

Los promotores rechazan el Plan Territorial porque consideran que vulnera la autonomía municipal y no cumple con las directivas de la Unión Europea.

Otros acuerdos
En el transcurso de esta reunión, el presidente de los promotores, Gabriel Oliver, presentó a los asociados una serie de estrategias para conseguir que las distintas administraciones aprueben medidas efectivas que contribuyan «a afrontar la realidad social del problema de la vivienda». Los promotores piden además la colaboración de los ayuntamientos para modificar normas que permitan una mejor optimización del suelo ya disponible para la construcción.

Los promotores inmobiliarios, adelantándose a la entrada en vigor sobre la calificación energética de los edificios, propuso además implicar a las empresas asociadas en la implantación del «Sello Verde» en las promociones.

Para ello se cumplirán una serie de requisitos mínimos que serán después verificado por un ente colaborador externo.

Desde la patronal se propuso además a los asociados apostar por la realización de estudios y proyectos de Investigación y Desarrollo que contribuyan «al análisis de calidades» de aquellos materiales innovadores que permitan sustituir a los tradicionales «y que impliquen en el futuro un abaratamiento del precio final de la vivienda».

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