La acusación quiso imputar a Mercant un posible delito de malversación de fondos

Juan Manuel Mercant, abogado de profesión y presidente de la Casa Balear en Montevideo (Uruguay) declaró ayer en calidad de testigo ante la comisión judicial de Balear presidida por el juez instructor, Antoni Monserrat, pero a punto estuvo de finalizar el interrogatorio como imputado, bajo la acusación de un supuesto delito de malversación de fondos públicos. Uno de los letrados de la acusación particular, Miquel Más, pidió al juez la imputación de Mercant, pero se opuso de forma rotunda el abogado de la defensa, Rafael Perera. En medio, se produjo un agrio intercambio de puntos de vistas entre ambos abogados. Según Más, el testigo uruguayo habría cometido ese supuesto delito al manejar dinero del Govern en la puesta en marcha, en 1998, de acciones encaminadas a elaborar un censo de emigrantes de Balears en Uruguay a través de un contrato firmado con el entonces Ejecutivo insular presidido por Jaume Matas. Mercant le recordó que su contrato con su Govern fue en calidad de asesor jurídico, y que un documento de esa misma naturaleza firmó su madre, Inés Sapriza, notaria de profesión. Perera intercedió para rechazar la petición de la acusación particular, y al finalizar la declaración, el propio Mercant hizo constar su «queja y protesta» por la actitud del «doctor Más», como llaman a los letrados en Uruguay y Argentina. Mercant, asimismo, reiteró ante el juez que hubiese tenido «relación alguna» con el censo electoral y con la decisión de los emigrantes de votar a un determinado partido político. En el mismo sentido se pronunció Antonio Vadell, el otro testigo propuesto por la acusación, quien reiteró que su conocimiento del tema lo tenía por «informaciones de la prensa balear».