Las quejas de Balears al Defensor del Pueblo crecieron un 28,5% sobre 2003

La memoria que Múgica entregó a los presidentes de las dos Cámaras, indica que en Balears se presentaron 267 quejas individuales frente a las 246 que se registraron en 2003. Respecto a las quejas colectivas, la cifra ascendió a 93 un 173,5% más respecto al año anterior.

En este informe se detallan algunas de las quejas que se extienden a los sectores, al tiempo que especifica la agilidad y tardanza que han mostrado algunas de las administraciones del archipiélago balear.

En materia de inmigración se recoge una queja de un ciudadano europeo, residente en las Islas, en relación con la tarjeta de residencia ya que según la normativa no es necesaria pero la mayoría de los ciudadanos comunitarios se ven obligados a solicitarla para realizar trámites ante cualquier organismo público.

Respecto a Educación, la memoria del Defensor del Pueblo alude a una queja planteada por un sindicato de las Islas en relación con la frecuencia de consultas planteadas en el Centro de Información de Trabajadores Extranjeros sobre el acceso a las ayudas para adquirir libros de texto y material escolar de enseñanzas obligatorias para alumnos inmigrantes cuyos padres se encuentran en situación irregular.

Respecto a la Administración de la Seguridad Social y concretamente en Hacienda Pública, en Balears se plantearon reclamaciones sobre impuestos transmisorios. Esta Institución manifiesta en esta memoria de 2004 su preocupación por el distinto tratamiento que recibe este impuesto en las distintas comunidades autónomas y afirma que la documentación remitida por el Govern de Les Illes Balears, así como a otras autonomías para investigar sobre esta cuestión, resulta «insuficiente» a tales efectos.

En materia de transporte y comunicación, y de forma concreta en el transporte aéreo de viajeros, esta institución indica que ha solicitado informe al Ministerio de Fomento ante la reclamación de varios casos de ciudadanas extranjeras residentes en Balears que por razón de su matrimonio con ciudadanos españoles y ser titulares de las tarjetas de régimen comunitario, son excluidas de la aplicación de las bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo.