Los jueces de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma
resolverán mañana, jueves, en un auto si las actuaciones seguidas
en Inverbroker ya son «cosa juzgada» en el «caso Brokerval» o si el
delito de insolvencia punible del que se acusa a Francisco Berga,
Francisco Tous y Fernando Mulet ha prescrito. Así lo decidió ayer
esa Sala en el primera jornada del juicio, tras las cuestiones
previas presentadas por los abogados que defienden a los acusados,
Juan Thomas, Fernando Mateas y Gabriel Garcías.
El letrado de Berga, Juan Thomas, también alegó una «vulneración
de los derechos fundamentales» de su cliente al disponer de muy
poco tiempo para preparar la defensa, por lo cual, solicitó la
suspensión de la vista. Pero, los magistrados acordaron rechazar
esa cuestión. Los abogados expusieron ante la Sala que tras la
sentencia, ya firme, dictada por la Sección Primera de la Audiencia
por el «caso Brokerval», -por el cual Berga cumple seis años de
prisión en la cárcel de Palma y Tous debía ingresar anoche en ese
centro penitenciario- el asunto de Inverbroker es «cosa juzgada».
También, alegaron que la acusación de insolvencia punible «ha
prescrito» debido a que varias de las actuaciones investigadas
corresponden a 1989.
El fiscal Juan Carrau se opuso a todas esas cuestiones previas e
insistió en su petición de seis años de prisión para Berga y cuatro
para Tous y Mulet. Los acusados, según el escrito de acusación del
fiscal, durante los años 1989 a 1994, «aprovechando su condición de
consejeros delegados y apoderados de Inverbroker llevaron a cabo
actos de ocultación de la sociedad, así como en perjuicio de la
sociedad y sus acreedores y en beneficio de sociedades y personas
próximas a ellos». Añade que los acusados, «manejaron caudales de
la entidad mediante el uso de cuentas bancarias abiertas a nombres
distintos de la sociedad Inverbroker para, de esta forma, evitar el
conocimiento por parte de la Administración Tributaria, de los
clientes y de los acreedores, de cuáles eran los fondos y recursos
propios, los fondos ajenos en custodia y el dinero que manejaba la
entidad». Inverbroker Baleares S.A. presentó un expediente de
quiebra en 1994 con un capital social de 600.000 euros (unos 100
millones de pesetas), «habiendo desaparecido la totalidad del mismo
por la gestión de los acusados», según el fiscal.
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