Entre los documentos que se admitirán figuran una tarjeta
sanitaria, una orden de expulsión por estancia irregular no
resuelta o denegada, petición de escolarización de menores,
certificado de un informe de los servicios sociales, alta laboral
en la Seguridad Social y, por último, demanda de asilo.
Desde Balears, se ha recibido esta noticia con cierta
desconfianza. Konate Abdoulayé, presidente de la Asociación de
Inmigrantes Senegaleses de las Illes Balears, asegura que «es un
pez que se muerde la cola, ya que para tener la tarjeta sanitaria
hay que estar previamente empadronado», afirma.
Oportunidad
«Para tener un alta laboral hay que tener trabajo. Nosotros
queremos que se dé una oportunidad a toda aquella gente que ha
estado en España buscando un trabajo y una residencia, pero que no
la han podido encontrar. La orden de expulsión es algo muy
complicado y la demanda de asilo ya no se lleva mucho -hace años
que la gente no pide asilo político, por lo general-. Esta medida
salva un poco a la gente que había trabajado con anterioridad, pero
que por mala suerte o por determinados motivos no pudieron
empadronarse. En general estamos igual, no hay mas facilidad. Creo
que la mejor solución es admitir el registro de entrada en una
asociación de inmigrantes. Esto agilizaría las cosas», afirma
Abdoulayé.
Por su parte, la concejal de Gobierno Interior del Ajuntament de
Palma, Catalina Terrassa, expresó ayer la satisfacción por la
decisión del Consejo de Empadronamiento de que la fecha de alta en
el padrón municipal en el proceso de regularización de inmigrantes
no sea retroactiva.
Según expuso Terrassa, el Consistorio de la capital balear se
oponía a la retroactividad del empadronamiento porque afectaría a
la antigüedad en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a
acceder a viviendas de protección oficial y a la escolarización de
sus hijos, una alteración que calificó como «inadmisible»,
puntualizó la concejal.
Gestiones
Terrassa señaló que esta decisión acota las gestiones que deberán
realizar los servicios municipales de Palma, aunque cuestionó que
este tipo de procesos impliquen habitualmente una carga
suplementaria de trabajo y responsabilidad a los ayuntamientos.
Para la responsable de Política Social e Inmigración del
sindicato Comisiones Obreras, Eva Cerdeiriña la decisión del
Consejo de Empadronamiento «llega tarde», aunque es «muy positiva».
Sin embargo, señaló las dudas que persisten sobre la tramitación de
los empadronamientos.
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