La alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer, remitió ayer a la
Fiscalía de Balears el informe realizado por los Serveis Jurídics
del Ajuntament a petición de la propia alcaldesa, tras la
colocación de una bandera republicana en el balcón del Consistorio
por parte del portavoz de EU-EV, Eberhard Grosske. El hecho tuvo
lugar el jueves. Los otros dos concejales rojiverdes, Antoni Esteva
y Marisol Fernández, también salieron al balcón con sendas banderas
republicanas, si bien, a diferencia de Grosske, no las dejaron
atadas a la barandilla.
Grosske quería conmemorar, de este modo, la proclamación de la
II República, el 14 de abril de 1931, y también reclamar que se
avance hacia la III República. Cabe recordar que Grosske, que fue
conseller de Treball i Formació en la pasada legislatura con el
Pacte de Progrés, retiró en julio de 1999 una fotografía del Rey de
su despacho oficial en el Parlament, si bien tuvo que volver a
colocarla posteriormente, y que en 2002 presentó una propuesta para
que los futuros parlamentarios autonómicos no tuvieran que jurar
lealtad al Rey en su toma de posesión.
Cirer había calificado el mismo jueves de «inconstitucional» y
de «grave» la actuación de la coalición.
El informe de los Serveis Jurídics indica que la actuación de
Grosske podría ser constitutiva de un presunto delito de ultraje a
las tres banderas que siempre ondean en el edificio
consistorial.
Respuesta
Por su parte, el grupo rojiverde en Cort reclamó ayer a Cirer, en
un comunicado, «el mismo respeto y tolerancia hacia los que hacemos
profesión de republicanismo, que el que EU-EV demuestra y
continuará demostrando hacia quienes se declaran monárquicos». La
coalición, que acusó a Cirer de formar parte «de la extrema
derecha», añadió que el edificio de Cort «no es un cortijillo
particular de la alcaldesa ni del equipo de gobierno». Asimismo,
reivindicó su derecho a utilizar el edificio de Cort «como ámbito
natural de expresión» de sus ideas, sus propuestas y sus
reivindicaciones políticas. En cuanto a la búsqueda de posibles
responsabilidades jurídicas, señaló que este caso tendría,
posiblemente, el mismo final que el originado tras sus acusaciones
de «pelotazo urbanístico» en la compra del solar de Son
Espases.
El comunicado concluyó señalando, en tono irónico, que sería
mejor que Cirer buscase posibles ilegalidades «en el incumplimiento
de las normas de seguridad en establecimientos públicos, en las
urbanizaciones ilegales en suelo rústico o en la venta de alcohol a
menores».
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