El Ejecutivo autonómico que preside Jaume Matas quiere aplicar a
rajatabla la Ley General Turística y desarrollar uno de sus
principales aspectos, la modernización, que a partir de ahora «será
permanente y de obligado cumplimiento, tal y como recoge la Ley
General Turística (LGT) y que a partir de ahora será de obligado
cumplimiento, porque lo que prima ante todo es mejorar la
competitividad de Balears», explica el conseller de Turisme, Joan
Flaquer.
Hasta la fecha habían imperado planes parciales de
modernización, como así ha sucedido en la hotelería y en la oferta
complementaria, pero nunca se había adoptado la postura política de
que fuera permanente, pese a estar recogido en la ley. El conseller
puntualiza que «de poco sirve hacer una modernización puntual si no
se realiza un seguimiento permanente. Es aquí, donde queremos
incidir para concienciar a todo el sector empresarial que debe de
apostar por este hecho, porque en caso contrario se aplicará la
normativa vigente en la LGT. La ejecución de este plan de
modernización se pondrá en marcha en el plazo de dos años y quien
no lo cumpla se verá obligado a hacer frente a todo el proceso
sancionador de la LGT, que contempla hasta el cierre de los
establecimientos».
Para hacer frente a estos planes de modernización, que
significan un desarrollo de la actual Ley General Turística de
1999, se han llegado a acuerdos puntuales con entidades financieras
de las Islas para poder acceder a una línea de créditos blandos.
Entre estas entidades hay que reseñar a Sa Nostra y la CAM, pero no
se descarta que se sumen más cajas y bancos.
El Govern quiere ejecutar estos planes de modernización
permanentes en dos vías: «La modernización no se tiene que basar
sólo en hechos tangibles (edificios), sino también en los
intangibles (servicios y calidad), por lo que el Instituto de la
Calidad Turística está determinando para cada sector unos ratios y
mínimos de calidad, que estarán recogidos en unos manuales para
aplicar en cada sector. Y esto afectará tanto a las empresas
privadas como a las entidades públicas, porque el esfuerzo lo
tienen que realizar todos y no sólo el sector privado».
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