Un año más, los padres de miles de niños de Balears están a
punto de culminar el proceso de adjudicación de una plaza escolar
para sus hijos. Algunos con más fortuna que otros, aunque según los
responsables de la Conselleria d'Educació el grado de satisfacción
de las demandas familiares ha sido elevadísimo, del 91 por
ciento.
Todos cuantos han pasado por este trance saben que el sistema de
adjudicación de plazas de hace unos años resultaba completamente
injusto, por las «trampas» habituales. Hoy parece que el proceso se
ha ajustado más, de forma que el fraude es más difícil. El control
de las rentas declaradas a través de Hacienda y la comprobación de
los domicilios han mejorado la situación.
Pese a la mejoría y a la ampliación del número de plazas en
centros públicos y concertados para hacer frente al aumento de la
demanda -por el crecimiento de la población, básicamente-, lo
cierto es que los colegios con mejor fama siguen siendo los mismos
y siempre serán los que figurarán en las preferencias de más
familias.
El reto, todavía, sigue siendo dignificar la calidad de la
enseñanza pública para hacerla más atractiva a una gran mayoría de
ciudadanos. Cosa que hoy no ocurre.
Con estos parámetros, garantizar la libre elección de centro,
tal como prometió el Govern de Jaume Matas en su programa
electoral, será todavía una utopía. No es un asunto baladí, porque
lo que está en juego es el estilo educativo que las familias
aspiran a proporcionar a sus hijos. Es, en definitiva, sentar las
bases de su educación, lo que equivale a decir de su futuro como
personas. De ahí la necesidad de limar diferencias y conseguir que
colegios privados, públicos y concertados ofrezcan idéntica
calidad.
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