La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha
dado un plazo de tres meses al periodista Pedro J. Ramírez para que
presente un proyecto que haga posible el uso público de la piscina
que está situada delante de su casa y encima del mar en la Costa
dels Pins, y de la cual ha hecho uso exclusivo hasta ahora.
La ministra Cristina Narbona declaró ayer a «El Periódico de
Catalunya» que Ramírez deberá formular «una propuesta de accesos,
vigilancia y socorrismo, condiciones de seguridad, aforo y un
sistema tarifario en el caso que decida cobrar entrada».
La resolución, firmada por el director general de Costas, José
Fernández, el pasado 17 de mayo, archiva, asimismo, la denuncia
presentada por el activista Jaume Sastre ante la Demarcación.
Sastre pedía la demolición de la instalación porque no se cumplían
las condiciones de uso público ni se dejaba transitar por la
zona.
Que el Ministerio exija ahora un proyecto a Ramírez resulta
sorprendente para entender a partir de qué criterios pudo otorgarse
la concesión en 2001, cuando Jaume Matas era ministro de Medio
Ambiente.
Los motivos que alega el Ministerio para conceder la «moratoria»
a Ramírez son «de seguridad», porque se trata de una persona
amenazada por ETA.
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