Balears busca el apoyo de Cataluña, Valencia, Canarias y Andalucía
y el resto de autonomías donde el impacto del turismo residencial
tiene un efecto directo sobre la oferta de alojamiento turística
reglada, con el fin de propiciar a nivel nacional un cambio
legislativo de algunos artículos específicos de la Ley de
Arrendamientos Urbanos (LAU) y conseguir regular y delimitar en
todos sus aspectos el arrendamiento urbano del turístico en las
viviendas.
El conseller de Turisme, Joan Flaquer, puntualiza que el
Ejecutivo autonómico ha solicitado la intervención de la Comisión
Balear de Derecho Civil y solicitado un dictámen jurídico a la UIB,
«para ver qué posibilidades reales existen para regular el turismo
residencial en todas sus concepciones y qué competencias
autonómicas hay en esta materia. Esperamos que en septiembre u
octubre podamos tener el dictámen jurídico, con el que podremos
determinar la estrategia a seguir para buscar apoyos y solicitar de
forma oficial a la Administración central el cambio normativo de la
LAU».
La Conselleria de Turisme pretende, ante la complejidad a la
hora de poder controlar el uso de las viviendas vacacionales,
disponer de una herramienta legal que cubra el actual vacío
legislativo existente, «que es el que impide que haya una normativa
clara con la que se pueda controlar y atajar de raíz el actual
problema que se vive en las zonas turísticas, como es el alquiler
de viviendas para uso turístico sin cumplir la normativa
vigente.
El director general de Ordenació, Josep Aloy, indica que
propondrá en breve a las autonomías afectadas esta propuesta,
«porque el objeto del cambio de reglamentación en la LAU es tener
delimitado todo lo que respecta a los arrendamientos urbanos vía
alquileres, pero que también se regule el uso turístico, puesto que
cuando una vivienda se comercializa a través de un intermediario,
tiene una rotación de temporalidad en su uso y ofrece servicios,
está claro que ya no es un simple arrendamiento urbano y sí una
actividad puramente turística. Esta actividad es la que conlleva a
error y generar un fraude turístico y fiscal».
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