Las empresas de chárter náutico, tanto de recreo como de lujo,
domiciliadas en Balears denuncian que el tratamiento fiscal que
recibe esta actividad está limitando su desarrollo en las Islas en
favor de otros destinos de la cuenca del Mediterráneo, según afirma
la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa Náutica de Mallorca
(Pimem) y empresas asociadas a la Asociación Provincial de Empresas
Marítimas de Balears, APEAM.
Las empresas denuncian que cuando actúan como «brokers» y
alquilan embarcaciones a terceros que no son de su propiedad,
aunque procedan de países de la Unión Europea y cuenten con
licencia y seguros en regla, están obligadas a pagar un impuesto de
matriculación equivalente al 12 por ciento del valor del barco
cuando salió del astillero, circunstancia que no se produce en
ningún otro país europeo y que limita las posibilidades de negocio
en las Islas.
Esta situación afecta especialmente a las embarcaciones de lujo,
de entre 24 y 70 metros de eslora, dado que las empresas de Balears
que las ofertan no tienen ninguna en propiedad y deben alquilarlas
a propietarios extranjeros. «Tenemos barcos europeos avalados en
sus países que no pueden hacer chárter en España porque les obligan
a pagar el impuesto de matriculación. Si una embarcación de este
tipo cuesta 10 millones de euros, tendría que pagar 1,2 millones de
euros para operar en España, por lo que nos resulta imposible
atender a las solicitudes que nos realizan para navegar en
Balears», afirma Marta Iglesias, directiva de la empresa asociadas
a APEAM Koch Newton&Partner.
Fuentes del sector explican que en Balears sólo existen tres
empresas de chárter de lujo, las cuales alquilan a sus clientes
grandes embarcaciones a precios que oscilan entre 30.000 y 400.000
euros por una semana. Afirman, no obstante, que los impedimentos
fiscales afectan a todos los «brokers» del mundo que quieran hacer
chárter en aguas de las Islas dado que comparten la mayor parte de
la flota, salvo que consigan contratar a alguna de las diez
embarcaciones de más de 25 metros con bandera española y licencia
de chárter que están operativas. «Enviamos a nuestros clientes a
Italia, Francia u otros países donde nuestra actividad, que genera
un turismo de alta calidad, no está penalizada», afirma Marta
Iglesias.
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