Una semana después de que entrara en vigor la legislación contra
las adicciones que ha puesto en marcha el Govern balear, el balance
tiene necesariamente luces y sombras, sobre todo por la falta de
información y la poca definición del texto legal, lo que ha
provocado muchas dudas a la hora de aplicar la normativa en bares,
restaurantes y oficinas donde hasta ahora fumadores y no fumadores
compartían espacios comunes.
Luchar contra las adicciones nunca ha sido fácil y desde luego
la herramienta fundamental nunca puede ser una ley, aunque ésta sea
necesaria y, por ende, debamos acogerla con satisfacción. Pero a la
aplicación de toda ley debe preceder una labor educativa,
mentalizadora, de convencer a la población sobre las bondades de
esta lucha, insistiendo siempre y de forma tenaz en la
prevención.
Ahora, siete días después de la entrada en vigor de la nueva
norma, la Conselleria de Salut ha decidido amplificar las
actuaciones informativas, cuando tendría que haberlo hecho con
anterioridad. Pero, en fin, sea bienvenida la información y, claro,
un período de adaptación -la Conselleria anuncia que no pondrá
sanciones todavía-, especialmente para los empresarios del ramo de
la restauración, que tendrán que llevar a cabo algunos cambios para
satisfacer los mandatos de la norma.
Por lo demás, está claro que luchar contra el tabaco y otras
adicciones debería ser la prioridad de un organismo que vela por la
salud pública, aunque se eche en falta la contemplación del consumo
de alcohol -tan nocivo como el tabaco- en la normativa, por las
dificultades para compaginar las prohibiciones o limitaciones con
la protección de la industria vinícola local.
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