Los servicios jurídicos de la patronal de las empresas navieras de
Balears Apeam y de Puertos del Estado van a analizar las dos
sentencias del Tribunal Constitucional, que declaran nulo el
sistema tarifario aplicado desde 1993 a 2003 en los puertos de
Balears y del resto del Estado. Durante este período los ingresos
que recaudó la Autoritat Portuària de Balears rondan los 250
millones de euros.
Las tarifas eran en el período 1993-2003, el principal ingreso de
las respectivas autoridades portuarias, hasta que fueron
sustituidas por un régimen de tasas en la reforma de la Ley de
Puertos de 2003.
El presidente de la Autoritat Portuària de Balears, Joan Verger,
indicaba ayer que los servicios jurídicos de Puertos del Estado
«deberán actuar en consecuencia, puesto que aunque el
Constitucional ha declarado nulo el sistema tarifario que se
aplicaba en esos años, está claro que los puertos de las Islas
dieron servicio a las navieras. ¿Cómo se tienen que pagar estos
servicios prestados?. Se trata de una cuestión muy delicada que a
buen seguro va a traer de cabeza a los servicios jurídicos».
La patronal Apeam, según su presidente Jesús Alvárez, se limitó
a indicar: «Hasta que los servicios jurídicos nuestros no analicen
en profundidad la sentencias y lo que ello pueda comportar, no
podemos hacer una valoración».
Precisamente, en estos momentos el Ministerio de Fomento, a
través de Puertos del Estado, está elaborando un nuevo proceso de
reforma de la legislación, el cual debe de estar vigente antes de
final de año. Esta modificación ha provocado el malestar de los
operadores portuarios, de ahí la presión empresarial para que la
modificación de la actual ley no sea lesiva para sus intereses.
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