Según los datos que maneja el Consell, la tasa la pagarán unos
400 personas que soliciten el interés general para construir una
vivienda en suelo rústico. También la pagarán algo más de 400
ciudadanos interesados en la realización de redes de suministro
eléctrico o de conducción. La institución estima que el canon
afectará a unos 80 empresarios que quieran instalar una gasolinera,
una industria o un campo de golf.
El president del Govern, Jaume Matas, defendió ayer la
implantación de esta nueva tasa ya que, en su opinión, encaja con
las políticas que se quieren emprender con el Plan Territorial de
Mallorca. El president añadió que esta medida de la institución
insular está enmarcada «en la acción de gobierno del Consell
encaminada a vertebrar el territorio».
El presidente de la CAEB, Josep Oliver, no ve con tan buenos
ojos el anuncio realizado por el conseller de Territori, Bartomeu
Vicens. Lamentó la implantación de este canon en una comunidad
autónoma en la que los impuestos ya son muy elevados.
Los tres partidos de la oposición en el Consell coincidieron en
que la tasa no servirá para proteger el suelo rústico de Mallorca
ya que se ha creado con fines exclusivamente recaudatorios. Para
Antoni Alemany (PSOE) la protección del territorio debe hacerse en
el Plan Territorial y no con tasas.
PSM y EU-EV
Antoni Alorda, conseller del PSM, señaló que el Consell debería
tomar medidas reales para evitar la proliferación de edificaciones
no agrarias en suelo rústico. Señaló que la medida tiene fines
meramente recaudatorios porque UM se ha dado cuenta de la inminente
entrada de varios proyectos de campos de golf en el Consell de
Mallorca, lo que le reportará ingresos adicionales.
Marilena Tugores, representante de EU-EV, consideró correcto que
se cobre una tasa por las gestiones administrativas, pero recalcó
que no servirá para parar la construcción en suelo rústico.
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