Matas, con el director adjunto de la Societé Generalé, Jean Luc Parer.

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El Govern consiguió ayer la unanimidad del 'comité de sabios' que asesora sobre la reforma del Estatut y acordó no definir el sistema de financiación de las Islas en espera de lo que suceda con el Estatut de Catalunya.

Esto supone, de hecho, la aceptación por parte del comité de expertos de la moratoria de estatutos que Matas defendió en el Senado, pero también la única vía para continuar negociando. El PSIB había solicitado en reiteradas ocasiones que el debate de la financiación quedara fuera.

Ayer noche, la vicepresidenta del Ejecutivo, Rosa Estaràs, indicó que si Zapatero cumple, la reforma del Estatut puede aprobarse sin problemas y dejar para una negociación con las otras comunidades, la regulación del sistema de financiación después de 2007. Pero si no es así, aclaró, «pediremos lo mismo que consiga Catalunya».

Fue el final de una jornada marcado por los ecos del debate celebrado en el Senado, donde Matas se refirió a Balears como una «comunidad mártir».

Rosa Estarás se mostró dispuesta a dar un «voto de confianza» a Zapatero en espera de que cumpliera sus compromisos sobre la financiación de Balears y en fijar un sistema definitivo con participación de todas las comunidades.

Rosa Estaràs subrayó que Balears «invierte diez veces más en solidaridad que Cataluña», además de tener también sus derechos históricos, identidad, lengua y cultura. «Por tanto, ningún ciudadano de las Islas tiene por qué recibir menos que Cataluña, no puede haber diferentes derechos según el lugar donde se vive».

En este sentido, expresó su esperanza de que en 2007 estén fijados, con las propuestas de las reformas estatutarias, unas «directrices claras» para que todas las autonomías tengan los mismos derechos, sin preferencia por algunas de ellas.

Del discurso ante el Senado de president balear, Jaume Matas, Estaràs destacó que defendió el «espíritu constitucional, la igualdad entre autonomías, la solidaridad», así como las principales preocupaciones de los ciudadanos de las Islas, como el convenio de carreteras, la declaración de servicio público en el transporte aéreo o la financiación de la educación o la sanidad.