El Govern consiguió ayer la unanimidad del 'comité de sabios' que
asesora sobre la reforma del Estatut y acordó no definir el sistema
de financiación de las Islas en espera de lo que suceda con el
Estatut de Catalunya.
Esto supone, de hecho, la aceptación por parte del comité de
expertos de la moratoria de estatutos que Matas defendió en el
Senado, pero también la única vía para continuar negociando. El
PSIB había solicitado en reiteradas ocasiones que el debate de la
financiación quedara fuera.
Ayer noche, la vicepresidenta del Ejecutivo, Rosa Estaràs,
indicó que si Zapatero cumple, la reforma del Estatut puede
aprobarse sin problemas y dejar para una negociación con las otras
comunidades, la regulación del sistema de financiación después de
2007. Pero si no es así, aclaró, «pediremos lo mismo que consiga
Catalunya».
Fue el final de una jornada marcado por los ecos del debate
celebrado en el Senado, donde Matas se refirió a Balears como una
«comunidad mártir».
Rosa Estarás se mostró dispuesta a dar un «voto de confianza» a
Zapatero en espera de que cumpliera sus compromisos sobre la
financiación de Balears y en fijar un sistema definitivo con
participación de todas las comunidades.
Rosa Estaràs subrayó que Balears «invierte diez veces más en
solidaridad que Cataluña», además de tener también sus derechos
históricos, identidad, lengua y cultura. «Por tanto, ningún
ciudadano de las Islas tiene por qué recibir menos que Cataluña, no
puede haber diferentes derechos según el lugar donde se vive».
En este sentido, expresó su esperanza de que en 2007 estén
fijados, con las propuestas de las reformas estatutarias, unas
«directrices claras» para que todas las autonomías tengan los
mismos derechos, sin preferencia por algunas de ellas.
Del discurso ante el Senado de president balear, Jaume Matas,
Estaràs destacó que defendió el «espíritu constitucional, la
igualdad entre autonomías, la solidaridad», así como las
principales preocupaciones de los ciudadanos de las Islas, como el
convenio de carreteras, la declaración de servicio público en el
transporte aéreo o la financiación de la educación o la
sanidad.
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