Las nuevas autorizaciones para extraer aguas de pozos tendrán a
partir de enero una condición indispensable: los propietarios de
los pozos deberán cubrirlos con hormigón o cemento para evitar que
se produzcan problemas de contaminación entre los acuíferos.
Es una de las medidas que recoge el proyecto de ley de
acompañamiento de los presupuestos generales de la Comunitat para
el año que viene.
El conseller de Medi Ambient, Jaume Font, explicó que esta
exigencia pretende evitar problemas como los surgidos en Santa
Gertrudis (Eivissa), donde varios acuíferos quedaron gravemente
contaminados debido a una filtración de gasolina que, por medio una
veintena de pozos, se fue extendiendo de unos a otros.
El conseller explicó que se trata de una medida pionera en
España, ya que Balears es la primera comunidad que regula una
actuación de este tipo. El proyecto de ley establece un régimen de
sanciones que puede ir desde 6.000 a 600.000 euros de multa en
función de la gravedad del incumplimiento realizado.
Otra de las novedades de este régimen sancionador, según
explicaron desde la Conselleria de Medi Ambient, es que se
considerará infractor tanto al propietario del pozo como el
ingeniero o al director encargado de realizar la obra de
hormigonado. La responsabilidad de una posible sanción caerá en
ambos, por lo tanto.
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