«Oficialmente no he recibido ninguna carta a mi nombre, aunque sé
que existe un documento dirigido a los presidentes de las
asociaciones sectoriales. Entre los que han firmado, existen seis o
siete asociaciones que deben cuotas a PIMEM y otras que pensaban
que estaban solicitando una reunión para debatir la situación de la
federación, según me han confirmado algunos de sus presidentes»,
afirmó ayer el presidente de PIMEM, Francesc Horrach.
Cabe recordar, tal y como adelantó el miércoles Ultima Horaque
un total de 29 asociaciones sectoriales han firmado un documento
por el que exigen la dimisión del presidente, Francisco Horrach, de
la vicepresidenta, Margarita Dahlberg, y de la tesorera, Manela
Camps, un texto que fue registrado ayer en la sede de la federación
patronal por una representación de los opositores.
El presidente de PIMEM, quien manifestó su intención de convocar
una junta directiva antes de finalizar el mes de noviembre y una
asamblea general en diciembre, acusó de nuevo a miembros históricos
de PIMEM de no aceptar el cambio de modelo que él está impulsando
en la federación. «Ellos hablan de incumplimientos estatutarios
pero el que incumple su trabajo como asesor mío y por el que cobra
de la federación es Josep Capó (ex secretario general de PIMEM y
ahora secretario general de PIMECO). Espero que sea él quien pida
el finiquito y se vaya de la federación», afirmó Horrach.
El presidente de PIMEM remarcó que algunos dirigentes «que
históricamente han mandado en la federación no aceptan que ahora
sea el comité ejecutivo quien tome las decisiones». A este
respecto, se refirió al entorno de Pimeco y, en menor medida, a la
de la asociación de Industria.
Horrach añadió que tras acceder al cargo a principios del 2004
encontró «cosas muy desagradables» de la etapa previa bajo «la
alfombra» y apuntó que quienes piden su dimisión tratan de evitar
que las haga públicas.
Por otra parte, dirigentes de asociaciones opositoras a acusaron
ayer a la vicepresidenta de PIMEM, Margarita Dahlberg, de
coaccionar a un presidente opositor y de impedir que el personal de
la federación registre ningún documento que no sea original o
compulsado por un notario.
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