Un convenio del Ministerio de Asuntos Sociales se ha convertido en
el nuevo punto de fricción entre las Administraciones central y
autonómica.
Ayer el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales emitió una
inusual nota de prensa dando por rotas las negociaciones sobre un
convenio para la construccioón de residencias sociales.
El Gobierno culpa a la consellera Rosa Puig de la ruptura por
«cumplir su amenaza» de llevar a los tribunales al Ministerio.
El Gobierno central defiende que el Ministerio «ha cumplido
escrupulosamente» el convenio de colaboración suscrito en marzo de
2004, por el que las dos administraciones se comprometían a
construir cinco centros especializados por personas mayores y otros
tantos para discapacitados, que debe ejecutar el Govern balear.
Mediante este acuerdo, el Imserso se comprometió a aportar 25
millones de euros, distribuidos en cinco anualidades (2004, 2005,
2006, 2007 y 2008), y el Ejecutivo autonómico, la misma cantidad, a
entregar en los años 2005, 2006, 2007 y 2008.
El Ministerio afirma que el Imserso destinó en 2004 los cinco
millones correspondientes en virtud de este compromiso, pero que el
Govern no los ha utilizado para la construcción de las
residencias.
En concreto, afirma que en febrero de 2005 detectó, «entre otros
incumplimientos», la «ausencia de inversión de la aportación
realizada por el Gobierno central anteriormente referida», ante lo
cual decidió convocar la comisión de seguimiento del convenio,
durante la cual se decidió que la Comunidad enviaría una memoria
justificativa de las actuaciones realizadas a cargo de la citada
cifra.
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