Los juristas avalan al Govern en la aplicación de la "ley antitabaco"

Francisco Martínez e Isabel Guitart, de la CAEB, junto a la consellera Aina Castillo y Joan Miralles, de PIMEM. Foto: TERESA AYUGA

S. Carbonell11/01/06 0:00

Los bares, cafeterías y restaurantes de las Islas de menos de cien metros cuadrados cuyos propietarios hayan decidido permitir fumar aplicando la «ley antitabaco» nacional deberán cumplir también la normativa autonómica y reservar un espacio para los no fumadores. Así lo afirmó ayer la consellera de Salut i Consum, Aina Castillo, después de reunirse con las patronales CAEB y PIMEB para darles a conocer el informe de los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma que avala la decisión del Govern y las patronales de la restauración de aplicar, en los locales de menos de cien metros cuadrados, la normativa autonómica como complemento más restrictivo de la nacional.

Aunque el análisis de los juristas deja claro que la «ley antitabaco» nacional es de obligado cumplimiento en su totalidad en las Islas, por lo que los locales de restauración de más de cien metros cuadrados, las salas de fiestas, discotecas, hoteles, deberán ejecutar las obras de adaptación de los locales en zonas diferenciadas de fumadores y no fumadores. Y, en este sentido el informe jurídico es muy claro la consellera de Salut no tiene potestad para prorrogar el plazo de adaptación de los locales de más de cien metros cuadrados a la normativa nacional ni de imputar a la administración el coste económico de las obras.

En este sentido Castillo reiteró ayer su disponibilidad a solicitar, junto a los directivos de CAEB y PIMEB, una entrevista con la ministra de Sanidad, Elena Salgado, para pedir una prórroga en el plazo de ejecución de las obras ya que, tal y como explicó Isabel Guitart, gerente de la CAEB, «en caso contrario significa el tener que hacer las obras en plena temporada turística, ya que el plazo de ejecución concluye en el mes de agosto». Por su parte Joan Miralles, en representación de PIMEB restauración, pidió a Castillo que el organismo autonómico remita una carta a los ayuntamientos para que éstos aceleren los trámites para conceder las licencias de obras. El informe jurídico no ha sido presentado, de momento, al Ministerio de Sanidad y Consumo.