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El equipo de gobierno, que preside la popular Catalina Cirer, tiene previsto presentar en el pleno de mañana una proposición en la que se insta al Consell a introducir en las bases del concurso convocado por la institución insular para la adquisición de Can Domenge «el requisito de destinar una cuota mínima del 50 por cien a viviendas de protección pública». En dicha proposición también se insta al Consorci Palma XXI Habitatge a que «haga efectiva su participación» en el citado concurso. El borrador de la propuesta fue presentado ayer a los partidos de la oposición, el PSOE, EU-EV y el PSM, para intentar llegar a un consenso sobre la misma y aprobarla por unanimidad.

Por otra parte, De Santos firmó ayer un convenio de colaboración con los representantes de varios colegios profesionales para la aplicación de la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), en concreto, con el presidente de la Demarcació de Mallorca del Col.legi d'Arquitectes de Balears, Federico Climent; el presidente del Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, Jaime Gibert; el decano del Col.legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Balears, José Zayas; el decano del Col.legi d'Enginyers Industrials Superiors de Balears, Antonio María Santmartí, y el vocal de la Junta de Govern del Col.legi de Perits i Enginyers Tècnics Industrials de Balears, Manuel Ribas. En el documento firmado ayer se fijan los requisitos mínimos que deben contener los informes que se hagan en las revisiones de los edificios.

En este sentido, el teniente de alcalde de Urbanisme, epopular Javier Rodrigo de Santos, indicó ayer que «no hay ninguna contradicción entre nuestra propuesta y el hecho de que en el pleno del lunes del Consell el PP votase junto con UM una propuesta que rechazaba que en Can Domenge se incluyeran viviendas de protección pública, ya que el PP no votó a favor de dicha propuesta del PSOE por un defecto en su redacción».

De Santos recordó que la ITE entró en vigor el 22 de diciembre de 2004, y destacó que el objetivo de la misma es «mejorar las condiciones de seguridad en los edificios de Palma mediante una política preventiva».