Josep Maria Aguiló03/02/06 0:00
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El gerente de Urbanisme del Ajuntament, Juan José Ferrando, confirmó ayer que el Departament de Disciplina Urbanística i Seguretat dels Edificis impuso el pasado año sanciones por un total de 1.756.844,93 euros, mientras que en 2004 dicho total fue de 2.521.129 euros y en 2003 fue de 2.339.836 euros. Ferrando indicó que el descenso producido en 2005 por lo que respecta al montante total de las sanciones impuestas debe ser considerado como positivo. «Estos datos demostrarían, por una parte, que de manera progresiva hay más disciplina urbanística en Palma, y, por otra parte, que las infracciones son cada vez menos graves», destacó.

El gerente de Urbanisme también hizo referencia al número de expedientes en tramitación, que el año pasado fueron 8.264, mientras que en 2004 fueron 8.101 y en 2003 fueron 7.877. «Esto no significa necesariamente que en 2005 se hubiesen abierto más expedientes que en años anteriores, pues hay que tener en cuenta que una parte significativa de los expedientes tramitados el pasado año habían sido iniciados con anterioridad», dijo. Por lo que respecta a los expedientes incoados en 2005, los de infracción fueron 320, mientras que los sancionadores fueron 294. En 2004, los expedientes de infracción fueron 432 y los expedientes sancionadores fueron 212. Por último, en 2003 los de infracción fueron 452 y los sancionadores 402 en total.

Ferrando recordó que el Ajuntament dispone de un máximo de ocho años para poder tramitar un expediente. Si pasado ese periodo de tiempo, no se hubiese abierto un expediente en un caso concreto, se considera que la infracción ha prescrito. Otros datos significativos del Departament de Disciplina Urbanística i Seguretat dels Edificis por lo que respecta al pasado año son que el Ajuntament requirió la legalización de 302 casos, acordó la demolición de 53 obras ilegales y aprobó 52 propuestas más de demolición. Ferrando recordó, por último, que la demolición de las obras ilegales suele hacerla siempre el Ajuntament de forma subsidiaria, lo que significa que el coste del derribo debe correr a cargo de la persona o empresa que ha incumplido la ley.