El fiscal de Medio Ambiente, Adrián Salazar, ha trasladado al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma las diligencias abiertas por el vertido incontrolado de residuos en el solar de Son Anglada al apreciar la existencia de tres supuestos delitos. El fiscal, tras investigar durante varios días lo ocurrido en ese solar y estudiar un informe elaborado por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ve indicios de la comisión de delitos contra el medio ambiente, la salud pública y desobediencia a la autoridad. Este último se refiere a la rotura del precinto del solar de Son Anglada que había ordenado el Ajuntament de Palma, con respaldo judicial.
El Ministerio Público centra sus diligencias previas en varios aspectos que, de confirmarse, podrían ser constitutivos de graves infracciones penales. Uno de ellos es el carácter, naturaleza y extensión de los vertidos. También, se ha de verificar si ha habido algún tipo de responsabilidad en los generadores de los residuos, con especial incidencia en el hospital de Son Dureta y, finalmente, si ha existido desobediencia a la autoridad por la retirada del precinto.
El caso será investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, porque en él recayó la denuncia por desobediencia a la autoridad. Con respecto a las catas, la Fiscalía todavía no ha recibido el resultado de las mismas realizadas por la Conselleria de Medi Ambient, necesarias para comprobar si se ha producido una contaminación del suelo. El vertido de residuos en el solar abarca unos 200 metros cuadrados, y parte de su procedencia es atribuida al hospital Son Dureta. Este centro hospitalario mantuvo, hasta febrero de este año, un contrato con la empresa presuntamente responsable del vertido de Son Anglada, Adalmo, para la retirada de vidrio y envases vacíos de medicamentos, también de vidrio.
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