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Los juzgados de lo Penal de Palma números 3, 4 y 5 recibirán el 12 de junio la visita de tres inspectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano rector de los jueces. La inspección, calificada de «rutinaria», coincidirá con el traslado de los juzgados de lo Penal al antiguo edificio de Carreteras, circunstancia que quiso ser evitada por los jueces, sin éxito, ya que el CGPJ confirmó que desplazará a sus inspectores en la fecha anunciada.

Por otra parte, los jueces de Instrucción de Palma trasladarán a la Junta de Gobierno la decisión que han adoptado para que se limite el acceso a las dependencias de Vía Alemania de fotógrafos y de cámaras de televisión.

La visita preocupa a los jueces de esos juzgados, porque les sorprenderá en un inmueble que ha merecido la crítica de todos los sectores por sus deficiencias.

La nueva sede judicial sigue sin disponer de la infraestructura necesaria para albergar a los ocho juzgados de lo Penal, cuyos responsables rechazaron el traslado desde Vía Alemania por ese motivo.

El inmueble cedido por el Consell de Mallorca no convence a nadie, pese a la buena voluntad de esa institución pública. De hecho, la mudanza de 81 personas (jueces, secretarios y funcionarios) tenía que haberse registrado el pasado 1 de mayo, pero se aplazó «sine die» por las numerosas deficiencias registradas.

Los sindicatos han elaborado una lista de las irregularidades que presenta el edificio y afirman que presentarán denuncias ante la inspección de trabajo. Consideran inadmisible que Gerencia de Justicia no haya previsto el obligado cumplimiento de las normas de seguridad del inmueble, que pasan por la visita obligada de los técnicos de prevención laboral.

Existe malestar entre algunos de los titulares de los juzgados por la constante presencia de esos profesionales y se quejan de que, algunos, incluso irrumpen en las oficinas del juez. Por ello, quieren vetar el acceso a los pasillos y crear una zona en los descansillos de cada piso para que puedan realizar su trabajo.

También, hay malestar entre algunos funcionarios de Justicia por el sistema de control de horarios mediante el uso de la huella digital que se quiere implantar en los juzgados. Han enviado una carta con esa queja ante la Junta de Personal.