Indignados. Así se encuentran los jueces de lo Penal por el lamentable estado del edificio de Carreteras, al que han tenido que mudarse por las obras emprendidas en Vía Alemania, y las labores de traslado. Los jueces apuntan directamente al Ministerio de Justicia y a Gerencia en Balears, y no descartan viajar a Madrid para exponer sus quejas. El juez decano de Palma, Francisco Martínez, y los titulares de los juzgados de lo Penal convocaron ayer a los medios de comunicación para enseñar el inmueble y reiterar sus críticas. Para empezar, afirmaron que no estaban de acuerdo con la orden impartida por Gerencia de Justicia de impedir el acceso al edificio a los periodistas.
«El gerente ha pensado que la prensa es mucho más peligrosa que la falta de vigilantes en estas dependencias», ironizó al respecto la titular del Juzgado de lo penal 7, Francisca Ramis, quien indicó que los responsables ministeriales deberían haber aprendido del incendio provocado hace unos meses en la Audiencia Provincial. El grupo de jueces mostró a los medios de comunicación las nuevas dependencias judiciales, cuyos calabozos no han sido concluidos y en la que faltan las condiciones exigidas por la ley para celebrar los juicios por violencia doméstica, como la obligatoriedad de separar a víctimas y acusados. Algunas oficinas carecen, además, de puertas y quicios que las contengan.
La protesta de los funcionarios abarca desde las deficiencias registradas en la mudanza, con desperfectos y pérdidas de algunos muebles, hasta la falta de seguridad en el edificio, que se limita a «dos vigilantes que llevan una porra», dijo Francisca Ramis. También falta en la nueva sede judicial un arco de detección de metales.
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