El Govern justificó ayer que «no es compatible hacer obras con la atención hospitalaria» durante las acusaciones de la oposición sobre la elección de Son Espases para construir un nuevo hospital. En una de las tres preguntas formuladas sobre Son Espases, Armengol dijo que Matas había dado «información privilegiada» a las empresas constructoras que han comprado terrenos en las proximidades de Son Espases. «Parece que alguien tenía información privilegiada sobre dónde se tenía que especular urbanísticamente», sostuvo Armengol. Estaràs, que contestó a la pregunta de la portavoz socialista dirigida a Matas, dijo que la decisión de construir un hospital en Son Espases era «para evitar los riesgos de infecciones a los que estarían expuestos los pacientes de Son Dureta si se realizaran reformas durante el desarrollo de la atención hospitalaria». Estaràs mostró una fotografía en la que se veía a un obrero mientras se atendía a un paciente.
En su contestación, Estaràs destacó que el nuevo hospital estará construido en un plazo de un año y recordó que el Govern del Pacte de Progrés no había previsto ninguna partida presupuestaria para la reforma de Son Dureta. «Ni licitó las obras ni había dinero para iniciarlas», dijo Estaràs. Durante el pleno, la diputada socialista Aina Salom calculó que la decisión de construir en Son Espases había costado al Govern 70 millones de euros. La consellera de Salut, Aina Castillo, contestó que el Gobierno de Zapatero hubiese podido pagar las obras del nuevo hospital, tal y como hizo en Asturias. Además, Castillo recordó que en su departamento encontró facturas sin pagar «por valor de 150 millones de euros». Para Salom, la elección de Son Espases tuvo como objetivo «contentar a amigos que tienen intereses espurios». En otra pregunta, el diputado socialista Joan Boned criticó la elección de Son Espases para construir el nuevo hospital. Castillo contestó: «No hay pelotazo. No busquen donde no hay. Es falso. Si tienen pruebas, vayan a los juzgados». Castillo recalcó que la elección de Son Espases fue técnica.
Durante el pleno fue rechazada una moción de los socialistas que solicitaba la derogación de la ley de medidas específicas y tributarias para Eivissa y Formentera. El diputado socialista Joan Boned solicitó la anulación de la norma por considerar que imposibilita la aplicación de una política territorial integrada y coordinada con el resto de Balears. Según Boned, es una maniobra para conferir «legalidad» a las irregularidades del Plan Territorial.
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