El primer día de cierre del edificio de Carreteras se tradujo en un inusual aumento de ciudadanos en el juzgado de guardia de Vía Alemania, ya que las tareas burocráticas en los ocho juzgados de lo Penal quedaron paralizadas. A primera hora de la mañana, los funcionarios de Instrucción 6 explicaban a los visitantes que no podían ser atendidos por el cese de actividad de los juzgados, y los remitían a Decanato. También en Carreteras, el vigilante de seguridad atendía a algunos «despistados» que ignoraban la noticia del cierre del edificio.
Los jueces afirman en un comunicado que el CGPJ «si lo considera procedente» inste ante el Ministerio de Justicia las actuaciones necesarias tras la orden de desalojo de la nueva sede judicial de lo Penal ordenado por inspectores del Ministerio de Trabajo.
Asimismo, acordaron «considerar deplorables las condiciones en que, para los ciudadanos, funcionarios y jueces, se ha visto obligada a desenvolverse la función jurisdiccional en los Juzgados de lo Penal de esta ciudad desde su traslado a la mencionada sede provisional». Instan, igualmente, a que «de inmediato se ponga fin a la incapacidad para gestionar el acomodo de los Juzgados en una sede que, aunque provisional, debe cumplir los requisitos de legalidad y procurar la dignidad que en todo caso impone el respeto a los ciudadanos (necesitados u obligados a relacionarse con los trámites judiciales), y a los funcionarios (que prestan servicio en la Administración de Justicia)».
El colectivo de magistrados menciona que la Oficina Judicial «requiere implicación de todas las instituciones responsables, y no sólo exigencia unilateral de colaboración con los jueces».
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