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P.C.
Los jueces y secretarios judiciales de lo Penal de Palma decidirán pasado mañana, viernes, si suspenden las actuaciones jurisdiccionales, a excepción de las urgentes, si hasta esa fecha no se ha dado solución a su petición al Ministerio de Justicia de contar con unas instalaciones en condiciones tras el cierre del edificio de Carreteras decretado por el Ministerio de Trabajo. Ese acuerdo fue adoptado tras una reunión celebrada con representantes del Ministerio de Justicia, que también mantuvieron un encuentro con los sindicatos. Según Justicia, cuatro de los ocho puntos que motivaron el cierre de esa sede, «los principales», según ellos, ya han sido resueltos y consideran que el inmueble ya reúne las condiciones. En esos puntos destacan la evaluación de riesgos laborales, el plan de emergencia, formación e información preventiva y la acreditación eléctrica.

El objetivo de ambas reuniones era analizar la situación que se ha creado después de que la Inspección de Trabajo decidiera precintar la sede provisional de los juzgados de lo Penal, situada en el antiguo edificio de Carreteras de la calle Miquel Santandreu de Palma, por sus múltiples deficiencias de seguridad e higiene. En este sentido, los jueces reclamaron que esta sede cumpla con todas las condiciones necesarias para trabajar o, de lo contrario, que se proceda al retorno a las dependencias de Vía Alemania.

«En caso de que persista la actual situación de suspensión de la actividad laboral y el Ministerio de Justicia no atienda sus peticiones, los jueces estudiarán, a partir del viernes día 9, pedir amparo ante el Consejo General del Poder Judicial y suspender las actuaciones jurisdiccionales, a excepción de aquellas urgentes, hasta que no se les dé una solución». El CSI-CSIF, por su parte, reiteró el «grave perjuicio» que se está ocasionando al ciudadano por el cierre del edificio de Carreteras, e instó a Justicia a dar los pasos necesarios para solventar el problema creado.