El presidente del Fomento del Turismo de Mallorca, Àlvaro Middelmann, resume a la perfección el sentir general, al afirmar que «si los técnicos deciden que tiene un valor histórico y arquitectónico, allá ellos».
Por el contrario, el arquitecto del Palacio de Congresos de Palma, Patxi Mangado, que sigue trabajando como si no hubiera pasado nada, sentencia: «El edificio no tiene valor arquitectónico, a lo sumo económico por una cuestión de patrimonio. Lo más sangrante es que ya se decidió en su día su derribo. Si ahora hay que pagar dinero para conservarlo, la consecuencia final es que esta cuestión es un auténtico despropósito por sus consecuencias».
El presidente de la Asociación de Promotores de Balears, Sebastián Pastor, considera que el edificio «está bien» y cree que tiene un valor singular y modernista. «Lo cierto es que tanto me da si lo protegen como si no. Lo único a destacar es que si el CIM decide catalogar este edificio, pienso que hay otros en Palma que también deben seguir el mismo camino, lo cual puede traer consecuencias para la ciudad, y no precisamente positivas», señala.
La Asociación de Promotores Inmobiliarios, según su presidente Gabriel Oliver, resalta el hecho de que «los arquitectos han opinado y creen que tiene un valor arquitectónico. Ante esto, poco o nada se puede hacer, pero considero que si el edificio incumple con el planeamiento urbanístico, se debe de derribar».
El presidente de la PIMEM, Francesc Horrach, incide en una cuestión clave, como es que no se tiene que paralizar el proyecto de remodelación de la Fachada Marítima, «porque ello salpica, de un modo u otro, al futuro del Palacio de Congresos de Palma. No tiene que haber ningún problema que entorpezca su construcción y no tenemos que perder tiempo en batallitas».
El Col.legi de Aparejadors de Mallorca, asimismo, insiste en que se debe de proteger.
El teniente de alcalde de Urbanisme de Cort, el popular Javier Rodrigo de Santos, prefirió ayer no hacer ninguna valoración, para evitar que sus palabras pudieran ser consideradas como «una declaración de guerra» hacia UM y por tratarse de «una decisión técnica del Consell». De Santos indicó que Cort esperará a saber «qué decisión política adopta el Consell» antes de pronunciarse. No obstante, sí recordó que en 2003 el PP y UM estaban de acuerdo en derribar el edificio de GESA, y afirmó que su conservación supondría un cambio «sustancial y especialmente grave» en el proyecto de la Fachada Marítima.
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