Ordenadores identificados con el número del juzgado correspondiente han sido alineados uno al lado del otro, y los funcionarios apenas disponen de unos centímetros de espacio para realizar sus funciones, según pudo constatar este diario en una visita a esas dependencias.
En la misma sala, los ciudadanos llamados a declarar o que estén realizando gestiones, esperan su turno, algunos sentados, otros de pie. Se mezclan jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, funcionarios y público en muy pocos metros cuadrados.
La «mini-oficina» de lo Penal fue habilitada el pasado lunes como una solución temporal al cierre de la sede del edificio de Carreteras. Según Andreu Bou, del sindicato CSI-CSIF, «estamos totalmente en contra de que los trabajadores de nuestro sector realicen sus funciones en esas dependencias». Señala que lo que está ocurriendo en la Administración de Justicia de Balears es sólo «la punta del iceberg» de los graves problemas que en materia de infraestructuras padecen las Islas.
Bou, asimismo, recuerda que el CSI-CSIF mantiene una dura pugna con el Ministerio de Justicia para que arbitre medidas encaminadas a solucionar la carencia de medios, que define como «una auténtica chapuza».
Hoy, por otra parte, está previsto que se celebre una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo, a la que asistirán los delegados de Prevención del CSI-CSIF, representantes del Ministerio de Justicia y el inspector de trabajo, quien decidirá, a la vista de la documentación presentada y reformas realizadas, si procede o no levantar la suspensión de la actividad laboral en el edificio de Carreteras situado en las Avenidas.
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