La Llei de Contaminació Acústica prevé multas máximas de 300.000 euros

El anteproyecto, aprobado por el Consell de Govern el pasado viernes, debe iniciar ahora su tramitación parlamentaria, explicó ayer el conseller de Medi Ambient, Jaume Font, quien espera que la ley entre en vigor a principios del próximo año.

Reglamento
Aun así, Font se remitió a la necesidad de que se apruebe a nivel estatal el reglamento que desarrollará la Ley del Ruido del Gobierno central y cuyo borrador, lamentó, fue rechazado el pasado sábado en la conferencia sectorial de medio ambiente por las comunidades autónomas con excepción de Balears, que apoyó el texto de la ministra de esta cartera, Cristina Narbona.

Mientras se aprueba este reglamento estatal, la Conselleria de Medi Ambient ha redactado este anteproyecto, que mantiene los decibelios permitidos por el decreto autonómico del año 1987, actualmente en vigor, y que son más restrictivos que los de la ley estatal, con un máximo de 55 de día y 45 de noche.

Al igual que la norma estatal, los municipios delimitarán las diferentes zonas acústicas en función del uso del suelo, así como las llamadas «zonas especiales» con elevados niveles de ruido y en las cuales podrán adoptar medidas más restrictivas como suspensión de licencias, limitar horarios y prohibir o limitar la circulación.

Los municipios con más de 35.000 habitantes o con más de 25.000 residentes en un solo núcleo urbano deberán elaborar mapas de ruido y planes acústicos de acción para fijar los límites acústicos en función de los usos de cada zona y las medidas a adoptar para que no se sobrepasen. En este caso, los mapas de ruido deberán estar elaborados en 2012 y los planes de acción, en 2013.

Para los municipios de más de 250.000 habitantes, la normativa estatal prevé que en 2007 deben estar finalizados los mapas de ruido y en 2008, los planes de acción. En Balears, esta obligación sólo afecta a Palma.

Otras de las principales novedades de esta normativa autonómica, detalló Font, es que habilita las herramientas necesarias para que los ayuntamientos actúen con rapidez ante las situaciones en las que se infringe la ley.

Así, explicó, los ayuntamientos podrán paralizar los vehículos que superen los decibelios permitidos y retirar la documentación a sus conductores hasta que solventen el problema, al igual que podrán establecer un tasa de inspección, que cobrarán a los ciudadanos que soliciten mediciones de ruidos. Si por esa solicitud de medición se detecta que se sobrepasan los límites establecidos, la tasa será abonada por el infractor.

Font remarcó que esta normativa está dirigida al ciudadano y que no busca ser «sancionadora, sino correctora» ya que el Govern está más interesado en que se reduzcan los ruidos que en recaudar multas.

Por ello, éstas se reducirán un 80 por ciento si el sancionado adopta medidas correctoras en un determinado plazo.

La Conselleria facilitará el cumplimiento de la norma financiando la formación de agentes municipales y los equipos de medición homologados.