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P.C.
La Inspección de Trabajo mantiene el veto al edificio de Carreteras como sede provisional de los ocho Juzgados de lo Penal tras una reunión celebrada ayer con los sindicatos en la que quedó de manifiesto que las deficiencias del inmueble persisten. No obstante, una comisión se desplazará hoy hasta las Avenidas para comprobar si el Ministerio de Justicia ha solventado las graves carencias detectadas, y que obligaron a Trabajo a ordenar el desalojo de jueces, secretarios y funcionarios.

Andrés Bou, responsable autonómico del sindicato CSI-CSIF, mayoritario en la administración de Justicia, explicó que Trabajo estimó que parte de la documentación presentada «es correcta» y otra «no está tan bien». Por ello, se decidió mantener la suspensión de la actividad decretada el pasado 31 de mayo, por deficiencias en materia de seguridad e higiene.

El CSI-CSIF, sin embargo, mantiene que el inmueble sigue sin cumplir con las condiciones necesarias, y avisa al Ministerio que, si no encuentra una alternativa a la reanudación del servicio, tomará medidas como el traslado del caso al fiscal, por si la interrupción puede constituir «ilícito penal». También anuncia que pedirá la dimisión de los responsables del Ministerio con competencias en este asunto y que instará tanto a los abogados y procuradores como a los usuarios que reclamen por los perjuicios derivados de la situación.