Para empezar, señala «deficiencias en el procedimiento de elaboración de la norma», ya que considera que el texto «se debería haber sometido a la consulta de los órganos de representación del profesorado y de la Mesa Sectorial de Educación». En segundo lugar, indica que «el modelo que se quiere establecer vulnera el principio de igualdad (artículo 14 de la Constitución), en la medida en que unos alumnos recibirán educación trilingüe y otros no».
Un tercer punto razona legalmente que «el proyecto de decreto ignora el principio de normalización progresiva del catalán como lengua vehicular usual en el ámbito de la enseñanza», con el que «choca frontalmente». Entiende que «suscita dudas graves de legalidad» la prescripción según la cual el resto del currículum que no se imparta en lengua extranjera deba ser repartido equitativamente entre el catalán y el castellano, por cuanto esta regla «no se ajusta a las determinaciones de la Llei de Normalització Llingüística».
Añade aquí que «ni del Estatut ni de la LNL se puede deducir un principio de tratamiento equitativo», sino algo muy diferente: «La articulación de la enseñanza sobre el eje preferente del catalán». El texto redactado «implica retroceder en la normalización». «Una norma -prosigue- que eliminar el 50% de enseñanza en catalán es directamente contraria a los artículos 3.3 y 14 del Estatut y 1.2.b y 22 de la LNL».
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