Así lo afirmó ayer David Fernández Parra, coordinador de infraestructuras de la patronal AETIC, quien atribuyó esta situación a la «complejidad normativa» derivada del Plan Director Sectorial de Telecomunicaciones autonómico, los planes especiales de los consells insulars y las ordenanzas de los ayuntamientos, que son los responsables últimos de conceder licencias.
Fernández indicó en este sentido que el 65 por ciento de las 1.431 antenas ya operativas en el archipiélago tienen problemas de legalidad debido a «trabas burocráticas» y a sus emplazamientos.
La patronal, que organizó un encuentro en Palma al que asistieron representantes de todas las operadoras de telefonía españolas, afirma que el «freno» al despliegue de la telefonía móvil es más acuciante en zonas como Marratxí, Llucmajor, Manacor, Inca y Felanitx; así como en las localidades de Ciutadella, Maó, Es Castell, Alaior, en Menorca; y Formentera, Sant Joan de Llabritja y Santa Eulàlia, en las Pitiüses.
La patronal afirma que la paralización de las inversiones suponen unas pérdidas del 1 por ciento del PIB balear.
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