Pere Rotger, presidente de la Cámara, crispó a toda la oposición cuando informó de que «la próxima semana habrá un informe de los letrados sobre la legalidad de los plenos y con un veredicto unánime».
Varios de los asistentes a la reunión explicaron que esa declaración significa que el Parlament ya sabe que va a decir que los plenos son legales.
En la reunión, los partidos de la oposición insistieron en considerar irregular el procedimiento empleado por el Govern para solicitar los plenos extraordinarios que planea convocar en verano para aprobar dieciocho leyes pendientes, mientras que el PP defendió que la petición del Ejecutivo cabe dentro de una «interpretación amplia» del Estatuto de Autonomía y del reglamento de la Cámara.
Así lo indicó el portavoz del PP, Joan Huguet, que animó a los defensores de «la interpelación literal» a «acudir a la jurisdicción competente».
«Nos mantenemos en que el Govern hizo una petición en tiempo y forma», subrayó Huguet, que comentó que el hecho de que la celebración de plenos extraordinarios fuera del periodo de sesiones y sin que la petición gubernativa incluya un orden del día preciso es algo que «se ha hecho otras veces».
Además, el portavoz popular aseguró que su grupo está dispuesto a respaldar en la Diputación Permanente que se convocará en breve la petición del PSIB de que se celebre un pleno extraordinario para que se debatan algunas iniciativas como la petición de explicaciones al Govern por el presunto caso de corrupción en el Ayuntamiento de Santa Margalida.
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