El centenar de trabajadores de los juzgados de lo Penal sigue en precario

09/07/06 0:00

LAURA MORRAL
«Si la Justicia no es capaz de cumplir con su propia justicia, qué quieres pedir, quién nos puede amparar, quién nos puede escuchar». Con estas palabras, el portavoz del sindicato CSI-CSIF, Andreu Bou, resume todo el tramado de «irregularidades» que se han sucedido en el edificio de Carreteres, unas instalaciones «obsoletas» propiedad del Consell de Mallorca y cedidas «temporalmente» al Ministerio de Justicia para no paralizar la actividad judicial durante el proceso de reforma y modernización de los juzgados de lo Penal de Palma, en Via Alemanya.

«Más que una solución está siendo y un calvario para los trabajadores, un centenar, y para los propios jueces. Los trabajadores continúan sometidos a condiciones ilegales e infrahumanas», comenta Bou.

Hace ya un mes desde que la Inspección de Trabajo acordó levantar la suspensión de la actividad laboral en el edificio de Carreteres, en la calle Miquel Santandreu, como sede provisional de los juzgados de lo Penal. Desde entonces, las condiciones laborales de los trabajadores continúan siendo «insostenibles».