Por primera vez, la Unión Europea y distintos países de Àfrica van a pactar medidas concretas para terminar con la inmigración ilegal. La conferencia ministerial que se celebra esta semana llega algo tarde, pero con la suficiente expectativa de comenzar a solucionar un problema que arrastra España desde hace años y que, por el momento, sólo se ha tratado de forma parcial.
Los 57 países participantes se reúnen para adoptar un compromiso ante la dramática situación de la inmigración ilegal, combatirla, proteger los derechos de los inmigrantes y mejorar la cooperación entre los países implicados. No es nada fácil, pero es tan necesario como urgente, dado el número de irregulares que fallecen dramáticamente cada año a las puertas de las costas españolas.
La máxima dificultad estriba en abordar un problema cuya solución a corto plazo resulta tremendamente difícil y probablemente irreal. En la inmigración ilegal confluyen aspectos muy diversos, como las dificultades económicas y sociales en los países de origen, una necesaria cooperación policial entre las partes implicadas (a veces insuficiente) y el ansiado acuerdo global para llevar a cabo políticas de migración y desarrollo. Urge, en especial, acciones conjuntas que eviten cuanto antes tantas muertes innecesarias.
Los participantes en esta conferencia determinarán si la inmigración ilegal se frena sólo con la construcción de más barreras o con acuerdos concretos que frenen la inmigración irregular a largo plazo. Este problema merece un tratamiento global, que incluya tanto medidas urgentes como el compromiso real y efectivo de todos los implicados en solucionarlo. Es cuestión de tiempo y, especialmente, de voluntad.
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