Los últimos datos hechos públicos esta semana sobre el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) confirman una tendencia alcista que conviene tener en cuenta a la hora de afrontar la política económica de cara a los próximos meses.
Es cierto que las permanentes tensiones presentes en Irán o Irak ya habían lanzado el precio del petróleo a cotas muy elevadas, tendencia que se ha visto impulsada aún más tras el fuerte incremento de las acciones armadas entre Hezbolá e Israel. Y esto, evidentemente, repercute en el precio del crudo y, por ende, en los precios de todos los países occidentales.
Además, a lo largo del último año se ha producido un constante incremento del precio del dinero, aumento con el que el Banco Central Europeo (BCE) ha pretendido enfriar esta tendencia al alza del IPC en la zona euro.
A nivel de las familias españolas esto se ha traducido en mayores dificultades, por cuanto se han elevado las cuotas hipotecarias a las que tienen que hacer frente y, además, la cesta de la compra es cada vez más cara.
Con estas perspectivas y siendo uno de los Estados que supera la media de aumento del IPC de la zona euro, es urgente que se acometan medidas de orden estructural para que la economía no se resienta.
De no adoptarse las pertinentes correcciones podríamos enfrentarnos a un período de recesión a medio plazo del que nos salva, por el momento, nuestra pertenencia a la moneda única.
Y, entre las reformas que cabe acometer se encuentra la de conseguir una mayor competitividad que permita hacer frente a otros países productores. Ciertamente no es tarea fácil, pero, dadas las circunstancias, no queda otra salida.
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