El conseller d'Interior y secretario general del PP de Balears, José María Rodríguez, advirtió ayer a UM, partido con el que el PP mantiene un pacto, que el Ejecutivo no aceptará que «ninguna minoría» intente «imponer» su proyecto a la mayoría. El aviso del conseller se produjo en el Parlament, durante el debate de la enmienda a la totalidad al proyecto de ley de capitalidad. El conseller anunció que el Ejecutivo está dispuesto a intentar consensuar el texto durante la tramitación parlamentaria con el resto de formaciones políticas, pero sólo para aquellas aportaciones «que enriquezcan» el proyecto elaborado por su departamento. «Esta no es la ley que se merecen los ciudadanos de Palma», respondió el portavoz del partido nacionalista, Miquel Nadal. El dirigente de UM se mostró de acuerdo en que Palma necesita una ley que establezca una compensación por todos los servicios que presta al resto de ciudadanos de Mallorca, pero aseguró que el documento elaborado por el Ejecutivo no se ha hecho desde el consenso. «El consenso debe basarse en cesiones mutuas y esta ley se está haciendo desde una mayoría absoluta que quiere imponer a los demás un texto», añadió.
Las del dirigente nacionalista no fueron las únicas críticas que recibió el proyecto elaborado por el departamento que dirige Rodríguez. La portavoz del PSIB-PSOE, Francina Armengol, pidió al conseller d'Interior la retirada del texto y le emplazó a presentar otro diferente, consensuado con el resto de partidos. Afirmó que el contenido de la ley está anticuado ya que se basa en la Carta Municipal de Barcelona elaborada en 1999, que no tiene ninguna relación con la realidad insular. A modo de ejemplo, la portavoz socialista aseguró que el proyecto de ley no tiene en cuenta al Consell de Mallorca, a pesar de que esta institución tiene muchas de las competencias que se transfieren a Palma. Otro de los reproches de Armengol, en el que además coincidieron el resto de grupos de la oposición y Unió Mallorquina, es que el texto no incluye una valoración real de cuál es el coste efectivo que debe asumir Palma debido a su capitalidad.
Joana Lluïssa Mascaró, portavoz del PSM, aseguró que el Govern ha roto el consenso al pedir que esta ley se tramite por la vía de urgencia y coincidió en que, sin un sistema claro de financiación, el proyecto de ley «no sirve para nada». Por parte de EU-EV, Miquel Rosselló, criticó que no se haya «pulido» el reparto de competencias entre instituciones. Como los demás portavoces, denunció que no existe una dotación económica clara. El conseller d'Interior rechazó las acusaciones de la oposición y se mostró convencido de que será posible el consenso ya que la ley es claramente beneficiosa para Palma. Destacó que la ciudad recibirá 125 millones de euros, que los ciudadanos tendrán más capacidad de participación en las decisiones de la ciudad y negó que el proyecto de ley fije privilegios para Palma, como aseguraron los portavoces de la oposición.
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