Este pasado fin de semana se ha cumplido el primer aniversario del incendio de Riba de Saelices, en Guadalajara, que costó la vida a once miembros de un retén y provocó una fuerte polémica por la presumible carencia de medios humanos y materiales en los primeros momentos. Los familiares de las víctimas de aquel fuego han manifestado su desazón por la falta de apoyo de las instituciones y por el hecho de que consideran que aún no se han depurado todas las responsabilidades derivadas de lo acontecido aquel luctuoso día.
La tragedia de aquella jornada se suma a otras que, en ocasiones anteriores, han teñido de negro la crónica nacional: el incendio del cámping de los Alfaques, la rotura de la presa de Tous, la avenida de aguas en el cámping de Biescas o, en este mismo año, el descarrilamiento del metro en Valencia.
Desafortunadamente, en todos y cada uno de los casos precedentes, se han adoptado medidas después de que hubiera que lamentar la muerte de demasiadas personas. Esta constante debiera desaparecer y cualquier infraestructura debiera realizarse con las suficientes garantías.
En el caso del incendio de Guadalajara es evidente que falló la coordinación de los medios, es evidente también que fueron insuficientes y lo es, además, que como es tradicional, desde la Administración se hizo cuanto se pudo por escurrir el bulto.
Un año después se siguen produciendo quejas y protestas de los profesionales que luchan contra el fuego en Castilla-La Mancha, pero lo más doloroso sigue siendo escuchar a unas familias que se sienten desamparadas y que tienen todo el derecho a obtener no ya sólo apoyo material o económico, sino además y en especial, la solidaridad y la comprensión de sus representantes políticos.
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