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El colegio oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears (APIS) está detectando un aumento de las quejas en el sector de la intermediación inmobiliaria. Según los datos que maneja el presidente de los profesionales de las Islas, José Oliver, el colegio ha recibido 30 reclamaciones contra intermediarios en la compraventa de pisos. Asimismo, investigan seis quejas contra intermediarios (ninguno de ellos afiliado al colegio) que se han quedado con la paga y señal de las operaciones.

Baena, que negó de forma rotunda que los agentes de la propiedad inmobiliaria sean «vendepisos», recordó que el sector dispone de un estatuto preconstitucional (desde 1969), pero «no anticonstitucional», insistió.

El presidente del Consejo General de los APIS, Santiago Baena, visitó ayer Palma para analizar el anteproyecto de Ley que está preparando el Ministerio de la Vivienda para regular la intermediación inmobiliaria.

Dijo que los APIS «no queremos echar a nadie del mercado», pero subrayó que el sector necesita una regulación tras la entrada en vigor del Decreto del 23 de junio de 2000 que calificó de «nefasto», porque «desprofesionalizó nuestro sector y desde entonces impera la ley de la selva».