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La actual situación política por la que atraviesa el régimen castrista ha incentivado la actuación del «lobby» cubano en Estados Unidos, con la finalidad de que se endurezca al máximo la Ley Helms-Burton y la presión de la Oficina de Asuntos Cubanos en Washington contra los hoteleros españoles y de Balears que están gestionando hoteles en solares confiscados por Cuba a ciudadanos norteamericanos.

Las cadenas hoteleras mallorquinas recibieron a finales del pasado año notificaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, en las que se les indicaba que por ocupar una propiedad confiscada en la isla de Cuba y comercializarla para beneficio propio, se les prohibía la entrada en este país a la propietarios de la empresa, empleados, accionistas y familiares. Esta medida afecta directamente, entre otras, a las cadenas Sol Meliá, Blau Hoteles, Hotetur, BQ Hoteles, Iberostar, grupo Piñero y RIU.

Esta coyuntura, en caso de que se agrave, va a generar serios problemas operativos a las cadenas afectadas, principalmente a aquéllas que tienen activos turísticos en EE UU, oficinas de representación y acuerdos con empresas americanas. Asimismo, esta medida también afectará a todas las empresas no hoteleras y que tienen acuerdos comerciales con sociedades cubanas.

Cuba cuenta con más de 50 hoteles gestionados por 12 cadenas extranjeras, la mayoría de ellas con sede en Mallorca. La construcción de complejos en solares de Varadero, Holguín, Santiago de Cuba y otros enclaves turísticos cubanos expropidados a súbditos americanos por el Gobierno cubano, son en este momento objeto de litigio por la Administración americana.

El Govern y la Unión Europea en varias ocasiones se han posicionado a favor de los intereses de los hoteleros españoles y la ONU, por su parte, se ha mostrado en contra de este bloqueo comercial.