El presidente de la Autoritat Portuària de Balears, Joan Verger, afirma que «si dimito ahora, sería reconocer que he actuado de forma incorrecta como presidente, cuando no ha sido así, puesto que en todos los concursos han sido las consideraciones de los técnicos las que han primado a la hora de adjudicar licencias».
Verger comenta que está «harto» de la persecución de la que es objeto, aunque reconoce que su vinculación a la empresa Nuevas Licencias y de Construcción y Equipamientos, S.L., en la que cuenta con el 50% de las acciones, junto a Antoni Garau, tras comprar el porcentaje correspondiente a Joan Riutort (presidente de IP3M), se pueda prestar a «discusión».
Es por ello, que pide a los organismos pertinentes y al abogado del Estado que realicen el dictamen jurídico «lo más rápidamente posible» para analizar si su gestión incumple la Ley de Incompatibilidades o la Ley de Procedimiento Administratrivo.
Consciente de que su vinculación a la empresa constructora de Inca le pueda provocar algún problema, afirma de forma tajante: «Si me he equivocado, dejaré el cargo y asumiré la responsabilidad. Ante todo quiero la máxima transparencia y que se sepa que siempre he actuado legalmente».
Es por ello que para él, lo más urgente, «es sentirme avalado en mi gestión, de ahí que pese a ser agosto, pido al abogado del Estado que estudie y analice este caso con la máxima urgencia, porque esto no se puede demorar en el tiempo, más aún cuando está en tela de juicio mi prestigio personal y el de la institución que presido».
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